Chocolate de la Independencia con Binner

8 de Julio - 10 Hs - Casa de Santa Fe - 25 de Mayo 185

Si querés tomarte un chocolate patrio en vísperas del Día de la Independencia Nacional con el Gobernador Binner, venite el 8 de Julio, a las 10 de la mañana a la Casa de Santa Fe, 25 deMayo 185, Buenos Aires. Y si querés, venite acompañad@ y con ganas de hablar y escuchar al primer gobernador socialista de la Argentina.

Pobreza: necesidad de politicas distributivas estructurales

Por Aldo Isuani - sociólogo (UBA-CONICET). Publicado hoy en Clarín.

Redistribución del ingreso y combate a la pobreza han estado asociados al conflicto que el Gobierno y las entidades rurales libran por el nivel de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Es por ello que el bienvenido debate en el Congreso nacional sobre la pertinencia de las retenciones móviles debería incluir el destino de estos fondos y en primer lugar del Plan Social propuesto por la Presidenta de la Nación. Desafortunadamente, tal como está formulada la propuesta gubernamental, no tiene potencial para impactar sobre los niveles de pobreza y profundiza el estilo discrecional en el manejo de los fondos públicos que han caracterizado al anterior gobierno. Si el objetivo es reducir los niveles de pobreza, la Presidenta deberá saber que dado que en la Argentina la pobreza se define según el ingreso monetario que poseen personas y hogares, ninguna de las medidas propuestas servirá para disminuir los niveles actuales de pobreza, simplemente porque no apuntan a distribuir ingresos sino a brindar servicios o bienes. Por supuesto que existen concepciones más amplias de la pobreza que la que se utiliza oficialmente para medirla y programas de construcción de hospitales, de viviendas o de infraestructura pueden ser de alto beneficio a sectores pobres pero ello no es automático y depende de cómo sean llevados a cabo. Lo sucedido con los últimos cambios en la política previsional es un ejemplo de mala implementación de una buena idea: el gobierno de Néstor Kirchner identificó correctamente que la caída de la cobertura previsional en el país durante los últimos años necesitaba ser revertida y para ello era necesario flexibilizar los requisitos para acceder a un beneficio, llegándose al punto de admitir que personas que no hubieran realizado aporte alguno pudieran acceder al beneficio previsional. De esta forma se eliminaba de raíz la noción de que las personas mayores no jubiladas constituían una suerte de conjunto de "vagos y evasores" y se entendía que habían desempeñado tareas en el mercado informal de trabajo o en la reproducción del hogar. Ahora bien, para llevar esto a la práctica de una forma sencilla, hubiera sido suficiente indicar que toda persona mayor de cierta edad que no tuviera beneficio previsional y lo solicitara recibiría una jubilación. Sin embargo la forma como se instrumentó fue tan engorrosa (clave fiscal de AFIP, solicitud por Internet, etc.) que aquellos mayores que no pudieron pagar un gestor (lo mas pobres, los más necesitados de protección) no accedieron al nuevo beneficio. Mas aún, hay fuertes indicios de que la moratoria implementada terminó beneficiando a una gran cantidad de personas que ya poseían una pensión y que ahora accedieron además a una jubilación así, en vez de universalización se habría obtenido doble cobertura de algunos sectores (no tan pobres) y exclusión de otros (los más pobres). Cuando exista información oficial al respecto, estas hipótesis podrán ser verificadas con precisión. Doble cobertura para unos y falta de acceso para otros parece terminar siendo el resultado de una política que generó un gran número de beneficios previsionales que consumirán cuantiosos recursos públicos y que hubieran sido suficientes para que no hubiera hogar con personas mayores sin una jubilación o pensión. Así, por falta de debate, la tendencia a diseñar políticas en el aislamiento, ignorando el Parlamento y las opiniones de otros sectores sociales traerá resultados pobres en el combate a la pobreza. Una correcta implementación de la expansión de la cobertura previsional hubiera tenido un impacto sustancial sobre los niveles de indigencia y pobreza. Simplemente téngase en cuenta que la jubilación básica cuadruplica el valor del beneficio del programa Jefas y Jefes de Hogar. En segundo lugar, la inexistencia de criterios de alguna objetividad para determinar dónde se realizarán las obras previstas en la propuesta gubernamental indica a las claras que será la voluntad del Gobierno nacional el componente más importante. En que treinta municipios se construirán los hospitales prometidos Sólo ellos necesitan hospitales En definitiva, no hay ningún indicio que permita dar seguridad de que el dinero federal no será utilizado para cooptar apoyos o premiar a los fieles. En este aspecto el Gobierno parece que no puede renunciar a la naturaleza discrecional que lo ha caracterizado. La Presidenta debería prestar atención a otras voces en cómo enfrentar la pobreza y generar un debate. Entre las muchas voces, hace ya bastante tiempo desde esta misma sección, he sugerido que la indigencia podría quedar abolida y la pobreza severamente reducida si se adopta un programa de redistribución del ingreso que incluye la universalización de las asignaciones familiares y de las pensiones, junto a un programa donde los desempleados puedan acceder a un ingreso básico a cambio de una labor productiva o socialmente relevante. Afirmé también que ello es posible con sólo los recursos que el Gobierno nacional maneja discrecionalmente en el área social. La Presidenta de la Nación puede estar segura de que existen opciones de política que tendrán un impacto mucho mayor en la reducción de la pobreza que las medidas que acaba de anunciar. De paso y para finalizar, la sociedad argentina podría beneficiarse de escuchar las propuestas que las entidades rurales poseen sobre cuáles son las prioridades y como podrían emplearse los tributos que pagan. No sólo tienen derecho a ello, sino quizás constituya un deber.

Binner: la democracia como método de cambio social

"En este desafío de pensar después de 25 años de democracia debemos encontrar las formas de mejorar nuestra institucionalidad, que requiere ineludiblemente del protagonismo del Congreso Nacional, porque jerarquizando el ámbito parlamentario estaremos impulsando a buscar el consenso y a educarnos en la cultura de la convivencia.
"En una democracia constitucional los derechos de la totalidad superan a los derechos de la mayoría; así, la democracia es un método de cambio social, de la creencia de que la adaptación a una realidad de transformación puede llevarse a cabo por medios conciliatorios,con la ayuda de la discusión, el convenio y un consenso básico. Y si a ello le sumamos mecanismos institucionales que articulen la participación de todos los componentes de la sociedad, incorporaremos a la cultura política de los argentinos la idea básica de la institucionalización de la concertación y el consenso que aún no hemos alcanzado.

Lo dijo el Gobernador Binner el pasado 20 de Junio, en Rosario, con motivo de la celebración del día de la bandera.

Crisis mundial de alimentos, modelo productivo y soberanía alimentaria

Encuentro abierto organizado por Comité de Movilización Bs. As del Foro Social Mundial en Argentina
Con los compañeros y compañeras que participamos en este espacio de articulaciones socio-políticas delineamos este encuentro abierto. Los ejes problemáticos del debate que queremos hacer ese día están contenidos en tres preguntas:

Si la situación internacional es una oportunidad para la Argentina, nos preguntamos:

1- Oportunidad para quiénes en la Argentina?

2- Cuál es el costo futuro de aprovechar esa oportunidad?

3- Existen otras alternativas de desarrollo?

Miércoles 25 de Junio 19 Hs
Centro Cultural Las Juanas - Santiago del Estero 657

La teoría del "poder de calle" del Dr. Di Tella.

En el programa del Dr. Grondona del domingo último por C5N, el sociólogoTorcuato Di Tella enfatizó en un concepto de sociología política de su autoría: la necesidad de un gobierno de contar con "poder de calle". La idea es novedosa, y aunque no se explayó en su explicación, dejó entrever que un gobierno que no tiene la capacidad instantánea de ocupar el espacio público con una muchedumbre propia y en manifestación de apoyo, está desvalido de un instrumento central para el éxito de su proyecto político.

Desde luego que la idea es muy discutible en términos sociológicos. No obstante, lo que me interesa resaltar es el hecho que el enunciador no es un sociólogo más: se trata de uno de los mas importantes investigadores en ciencias sociales de la Argentina, con una agudeza intelectual extraordinaria y -el dato más relevante para este análisis- influyente intelectual de consulta del Dr. Kirchner y la Presidenta.

Despues de lo ocurrido hoy en las calles del país, es dable pensar que la materialización política de la idea del sociólogo presidencial sea un refortalecimiento de las estructuras clientelares -especialmente la FTV- con nuevos "planes sociales" que aseguren una movilización masiva permanente -50 mil personas- en el tiempo y lugar que haga falta?.

Tengo la versión que ésto ya está ocurriendo y estoy profundamente preocupado porque si una decisión de este tipo cuenta con el aval presidencial, las consecuencias sobre la estabilidad de la paz social pueden ser alarmantes.

Porque, me parece obvio, el camino debería ser inverso: potenciar creativamente las instituciones. Esto es, aumentar el poder institucional (densidad) de la sociedad.

Carta Ciudadana a la Presidenta

Estimada Señora Presidenta de la Nación Argentina Dra. Cristina Fernandez:

Nosotros, ciudadanos y ciudadanas comunes de la República Argentina, nos dirigimos a Ud. con el más alto respeto republicano a su investidura y atribuciones constitucionales, para solicitarle la recuperación de la tranquilidad pública, la preservación de la unidad nacional -garantía de progreso social, democracia y distribución del ingreso-, y el resguardo del proceso de crecimiento económico y social sostenido iniciado en el 2003.

Para ello, creemos firmemente en la utilidad de los instrumentos institucionales disponibles que constituyen palancas de resolución de conflictos y marcos legítimos de diálogos, intercambios y negociaciones institucionales, como estrategia democrática de funcionamiento republicano.

Estamos convencidos que una convocatoria presidencial extraordinaria del Consejo Federal Agrario –organismo de consulta del Poder Ejecutivo, instituido por ley 23843- puede ser una decisión presidencial de alto valor institucional. Esa decisión puede convertir a ese Consejo en un escenario institucional amplio, eficaz y conducente de diálogos y consenso de medidas para un conflicto que no solo requiere de una salida coyuntural, sino que, por la importancia en el funcionamiento futuro de la economía nacional, obliga a la reflexión y planificación de largo plazo.

En la convicción que nuestro pedido ciudadano será por Ud. recibido y evaluado con la probidad, experiencia republicana, representatividad popular, y sentido democrático que inspira sus actos, saludamos a Ud. con nuestra mayor consideración y deseo que su sabiduría ilumine el ejercicio de sus funciones constitucionales.
......................................................................................................
Podés enviar esta carta a
webmaster@presidencia.gov.ar
o por correo a PRESIDENTA DE LA NACION - Dirección de Documentación Presidencial, Balcarce 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP 1064

Qué es el Consejo Federal Agropecuario?

El Consejo Federal Agropecuario es una institución de consulta del Presidente establecido por una ley nacional. La particularidad que lo convierte hoy en un potencial instrumento para encauzar el diálogo institucional es su composición: está formado por todas las provincias, los organismos técnicos sectoriales -INTA y SENASA- y las entidades sectoriales.
La agenda de trabajo del Consejo es establecida por el Poder Ejecutivo. El Consejo no resuelve; la naturaleza de su accionar institucional es la recomendación al Presidente. Es precisamente este aspecto institucional que lo convierte, en esta coyuntura, en un escenario adecuado en el cual encuadrar las negociaciones sectoriales con la garantía que la Presidenta mantiene su margen de decisión ejecutiva en la política general agropecuaria.

A continuación, la transcripción textual de la ley. Para más información sobre el tipo de reuniones y resultados del CFA puede consultarse el sitio oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Consejo Federal Agropecuario / Ley 23.843 – Su creación.Integración.Funciones.

SANCIONADA: Septiembre 26 de 1990.PROMULGADA DE HECHO: Octubre 12 de 1990.El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º.- Créase el CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO, organismo de asesoramientoy consulta por parte del Poder Ejecutivo en todas aquellas cuestiones atinentes al sector agropecuario y pesquero, que por su impacto en las economías regionales o provinciales así lo requieran.A tal efecto, en el seno del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO se constituirán comisiones regionales y por actividad. El Funcionamiento y número de dichas comisiones será establecido en el reglamento interno del CONSEJO.

ARTICULO 2º.- El CONSEJO, cuya creación se dispone en el artículo anterior, estará presidido por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, e integrado por los titulares de los Ministerios o Secretarías de Estado competentes en materia agropecuaria y pesquera de las provincias que adhieran a la presente ley.

ARTICULO 3º.- EL CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO tendrá un Comité Ejecutivo que lo representará en el tratamiento y gestión de las políticas que se determinen en cumplimiento de las facultades que le otorga el artículo 1º. A tal efecto, el Comité se integrará con representantes de las comisiones regionales mencionadas a la presente ley.

ARTICULO 4º.- Son funciones del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO:Proponer acciones coordinadas en los sectores públicos nacionales y provinciales en función de la definición y el cumplimiento de las políticas agropecuarias y pesqueras.Proponer las medidas destinadas a lograr la complementación y eficiencia de la actividad gubernamental de las distintas jurisdicciones en materia agropecuaria y pesquera.Analizar los problemas del sector agropecuario y pesquero que interesen a más de una provincia o aquellos que siendo del interés de una provincia incidan en el interés nacional, proyectando soluciones para cada caso.Dictaminar en las consultas que le formule el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 5º.- El Comité Ejecutivo del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO será consultado por el Poder Ejecutivo en la elaboración de planes y programas atinentes a la política agropecuaria y pesquera.El Poder Ejecutivo fijará en cada caso los plazos de respuesta de las consultas que deberá hacer, en función de la urgencia en la toma de decisiones.Las cuestiones de políticas agropecuaria y pesquera antes mencionadas se refieren entre otras a:􀂃 Política tributaria y cambiaria.􀂃 Reembolsos, derechos de exportación y aranceles de importación de insumos y productos agropecuarios y pesqueros.􀂃 Política de crédito agropecuario y pesquero.􀂃 Política de investigación y extensión agropecuaria y pesquera.􀂃 Intervención oficial en la comercialización e industrialización de productos primarios de origen agropecuario y pesquero.􀂃 Sanidad animal y vegetal.

ARTICULO 6º.- A través del Ministerio del Interior se cursarán las comunicaciones a los gobiernos de provincias invitándolos a adherir a la presente Ley.

ARTICULO 7º.- Las Reuniones del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO se realizarán en el lugar y fecha que determine el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos o a pedido de CINCO (5) o más representantes provinciales. En la primera reunión se propondrán y aprobarán las normas reglamentarias de su funcionamiento.

ARTICULO 8º.- La presente Ley será reglamentada en el término de SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTICULO 9º.- Derógase la Ley 20.310 y toda otra legislación que se oponga a la presente.

ARTICULO 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El derecho popular a la información de Estado

Una de las aristas más preocupantes que desnudó en sus orígenes el conflicto agrario fue la falta de datos concretos sobre el funcionamiento y dinámica de unos de los sectores claves de la economía argentina. Esto fue enfatizado por técnicos y especialistas y, en el propio gobierno, se reconoció la insuficiencia informacional de base con que se elaboró la Resolución 125.

El problema de la construcción y acceso a la información de base de las políticas públicas -y el derecho a conocer el proceso de elaboración y sus resultados- está en el centro de una democracia abierta, inclusiva y eficaz. Una corriente de pensamiento se refiere a esta cuestión con el concepto de transparencia, intentando dar cuenta con ello de los beneficios sociales que derivan de una administración pública que garantiza el acceso a la información sobre los modos de elaboración de las decisiones públicas.

Nuestro país no solo muestra retrocesos en esta materia -la crisis de credibilidad del INDEC es paradigmático-, sino que no exhibe, en sus elites politicas, una convicción profunda acerca del fuerte cambio cualitativo que puede comportar un Estado abierto a la información en su relación con los actores sociales institucionalizados o emergentes.

El artículo que sigue fue puublicado hoy en el diario Crítica por el Director del Programa de Transparencia del CIPPEC, Christian Gruenberg . Aunque tengo algunas diferencias de matices sobre la perspectiva general, creo que es un aporte que ayuda a profundizar el desafío de las elites democraticas del bicentenario en la dirección de un Estado social y una democracia de mayor proximidad popular.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

El derecho de acceso a la información pública es una garantía para acceder a bienes públicos como la salud y la educación, entre otros. Consecuentemente, es muy poco probable imaginar un acceso igualitario a estos bienes sin poder acceder previamente a datos objetivos y a información actualizada sobre la forma en que el Gobierno toma las decisiones y gasta los recursos. Es bueno recordar que en la Argentina todavía no hay una ley nacional que regule el acceso a la información pública en los tres poderes del Estado nacional, pero existe el decreto 1.172, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003, que regula el acceso a la información en el Poder Ejecutivo Nacional. Una forma práctica de evaluar el acceso a la información consiste en analizar por separado las condiciones institucionales que garantizan una efectiva demanda y oferta de información pública. Para asegurar la demanda, debe sancionarse y aplicarse un régimen que garantice la realización del derecho subjetivo de todos y todas las personas para poder acceder a la información pública sin necesidad de justificar la causa ni el interés, e incluyendo mecanismos efectivos para reclamar administrativa y judicialmente por su incumplimiento. En este sentido, desde la sanción del decreto 1.172 se han tomado una serie de medidas concretas como designar a una institución especializada para la aplicación del decreto, capacitar a funcionarios públicos, y crear nuevos circuitos administrativos para facilitar los pedidos de información.Desde la perspectiva de la oferta, en cambio, se han registrado hechos muy graves que restringen el acceso a información pública vinculada con temas centrales de la agenda pública. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es la principal fuente de información estadística para gobernar y para controlar la gestión pública. La intervención oficial del INDEC ha puesto en duda la confianza de la información que esta institución produce y ofrece. Otra institución clave en la oferta de información vinculada con el gasto social que fue intervenida con idéntico resultado fue el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro). Durante mucho tiempo el Siempro fue una de las principales fuentes de información para el control del gasto social aplicado a programas sociales, pero en los últimos cuatro años se ha convertido en una institución inútil para la oferta de información. En la misma línea, y con la excepción del padrón de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar, resulta prácticamente imposible acceder a la información sobre el destino del resto de los programas sociales focalizados del Estado nacional, especialmente los gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social, responsable de administrar el mayor presupuesto aplicado a programas sociales contra la pobreza. Por último, pero igual de grave, se pudo verificar a partir de un índice de transparencia desarrollado por Cippec que el Presupuesto Nacional no permite acceder a 40% de la información sobre los beneficiarios finales de subsidios entregados al sector privado a través de fondos fiduciarios y organismos descentralizados. En síntesis: se han tomado medidas desde el Poder Ejecutivo Nacional para mejorar la demanda de la información pública, pero la oferta de información esencial para evaluar la gestión del gobierno sigue siendo escasa, o se vuelve inexistente cuando se trata de información “crítica”. Con una ley o un decreto se puede empezar una reforma a favor de la transparencia, pero no es suficiente. Una reforma debe sostenerse con voluntad política para ser implementada de manera efectiva y para ser sustentable en el tiempo.